Puntos clave
- La ciudad inteligente nace de un contrato entre ayuntamiento y proveedor donde la eficiencia está en el pliego y la equidad no.
- La policía predictiva y la clasificación por riesgo devuelven más vigilancia a los barrios pobres: la desigualdad calculada con precisión.
- La alternativa es ciudadanía con poder: registros de algoritmos, comités con veto y cláusulas que devuelven los datos a la ciudad.
Quién se beneficia de la ciudad inteligente es la pregunta que Paolo Cardullo, Cesare Di Feliciantonio y Rob Kitchin plantean en The Right to the Smart City (2019), y su respuesta es que las ciudades digitales impulsadas por empresas tecnológicas y gobiernos neoliberales tienden a beneficiar a quienes ya tienen poder mientras prometen servir a todos. El libro traslada el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre, el derecho colectivo a habitar, participar y apropiarse del espacio urbano, a un entorno donde el espacio se gestiona con sensores, plataformas y algoritmos, y pregunta qué queda de ese derecho cuando la infraestructura que ordena la ciudad es propiedad de una empresa y funciona con reglas que nadie votó.
El contrato como mecanismo: eficiencia en el pliego, equidad fuera
El mecanismo de exclusión tiene forma de contrato. Una ciudad inteligente típica nace de un acuerdo entre un ayuntamiento y un proveedor tecnológico, que instala sensores, plataformas y cuadros de mando a cambio de un contrato de servicios plurianual y, con frecuencia, del acceso a los datos que la ciudad genera; la prioridad del sistema es la eficiencia, medir, optimizar y controlar flujos, y la equidad no aparece en el pliego. Los autores muestran que esa arquitectura privilegia a quienes usan los servicios digitales, tienen teléfono, cobertura, tiempo y competencias, y deja fuera a quienes no, y que las decisiones que afectan a barrios enteros, dónde se instala una cámara, cómo se asigna una patrulla, qué zona se prioriza en el mantenimiento, se toman dentro de un algoritmo que los vecinos no pueden ver ni discutir.
Vigilancia y clasificación: la desigualdad calculada con más precisión
El caso de la vigilancia lo hace visible. Los capítulos sobre policía predictiva, reconocimiento facial y clasificación por riesgo documentan que esos sistemas se entrenan con datos de detenciones pasadas, concentradas en barrios pobres y racializados, y devuelven más vigilancia a los mismos barrios, con lo que la desigualdad no se reduce sino que se calcula con más precisión. Los autores conectan esa crítica con la tradición de Lefebvre y de David Harvey: la ciudad inteligente es una nueva forma de producción del espacio, y quien controla su código controla quién puede usar la ciudad y cómo.
Ciudadanía con poder: registros de algoritmos, comités y datos públicos
La alternativa que el libro propone es la participación con poder. Cardullo y Kitchin distinguen entre una ciudadanía inteligente de fachada, en la que el vecino es usuario, consumidor o fuente de datos, y una ciudadanía con capacidad de decidir qué se mide, quién posee los datos, qué decisiones se automatizan y con qué límites; los ejemplos son los registros públicos de algoritmos, los comités de vigilancia con poder de veto, las plataformas de participación con software libre y las cláusulas contractuales que devuelven los datos a la ciudad. Barcelona, con su plan de soberanía tecnológica entre 2015 y 2019, es la referencia positiva del volumen, y el fracaso de Sidewalk Labs en Toronto en 2020 confirmó que la pregunta por los datos decide el destino de un proyecto.
El contraargumento de la capacidad y la lección del derecho digital a la ciudad
El contraargumento es que las tecnologías urbanas han mejorado servicios reales y que la participación ciudadana en decisiones técnicas puede ser lenta, capturada por minorías organizadas o incapaz de evaluar sistemas complejos; también que la mayoría de los ayuntamientos carecen de capacidad para auditar el código que compran. Los autores responden que precisamente por eso la gobernanza importa: una ciudad que no puede auditar lo que instala ha delegado el poder, y la respuesta es construir capacidad pública, no renunciar al control.
La lección de The Right to the Smart City es que la tecnología urbana no es neutral y que el derecho a la ciudad hoy incluye el derecho a decidir sobre los datos, los algoritmos y los contratos que la gobiernan. Una ciudad inteligente que trata a sus habitantes como usuarios reproduce la desigualdad con más eficiencia; una que los trata como ciudadanos con poder sobre la infraestructura digital puede convertir la misma tecnología en una herramienta de justicia urbana.
Preguntas frecuentes
¿Quién se beneficia de la ciudad inteligente según Cardullo, Di Feliciantonio y Kitchin?
Quienes ya tienen poder: las empresas que instalan la infraestructura y acceden a los datos, los gobiernos que ganan control y los ciudadanos con teléfono, cobertura y competencias digitales, mientras las decisiones que afectan a barrios enteros se toman dentro de algoritmos que los vecinos no pueden ver ni discutir.
¿Qué propone el libro para una ciudad inteligente más justa?
Trasladar el derecho a la ciudad de Lefebvre al entorno digital: participación con poder para decidir qué se mide, quién posee los datos y qué se automatiza, mediante registros públicos de algoritmos, comités de vigilancia con veto, software libre y cláusulas contractuales que devuelvan los datos a la ciudad, como intentó Barcelona.
