El derecho a la ciudad inteligente: quién se beneficia

El derecho a la ciudad inteligente es la pregunta por quién se beneficia de las ciudades digitales y quién decide sobre ellas, y el libro The Right to the Smart City (2019), editado por Paolo Cardullo, Cesare Di Feliciantonio y Rob Kitchin desde la Universidad de Maynooth, la formuló trasladando el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre a la era de los sensores, las plataformas y los datos. Su tesis es que las iniciativas de ciudad inteligente, impulsadas en general por empresas tecnológicas y gobiernos de orientación neoliberal, prometen eficiencia y participación pero tienden a reproducir las estructuras de poder existentes, a tratar a los ciudadanos como usuarios o fuentes de datos y a perpetuar desigualdades, y que reclamar el derecho a la ciudad inteligente significa exigir que la tecnología urbana se gobierne democráticamente y sirva a todos.

El andamio de la participación: ciudadanía inteligente sin poder

El punto de partida es la crítica de la ciudadanía inteligente. Cardullo y Kitchin construyeron, a partir de la escalera de participación de Sherry Arnstein, un andamio de la participación ciudadana en la ciudad inteligente que va del no participar, el ciudadano como sujeto de control y consumidor de servicios, al control ciudadano, y encontraron, analizando Dublín y los discursos corporativos, que la mayoría de las iniciativas se sitúan en los peldaños bajos: consultas, aplicaciones de quejas, hackatones y datos abiertos que ofrecen participación simbólica mientras las decisiones sobre infraestructura, contratos y datos se toman entre empresas y administraciones. La ciudadanía inteligente, concluyen, es a menudo ciudadanía sin poder.

Financiarización, vigilancia y comunes digitales: los frentes del libro

Los capítulos del volumen recorren esa tensión en distintos frentes. La financiarización y la gobernanza empresarial de la ciudad digital, en que las plataformas y los contratos de servicios convierten la infraestructura urbana en fuente de renta privada. La vigilancia y la clasificación algorítmica, que reproducen sesgos y afectan más a los barrios pobres. El comunes digital, con experiencias de datos gestionados colectivamente, redes comunitarias y cooperativas de plataforma. Y la ciudad inteligente desde abajo, con movimientos que usan la tecnología para reclamar vivienda, movilidad y espacio público en lugar de recibirla como servicio.

Barcelona y la soberanía tecnológica: el derecho en práctica

El caso de Barcelona es su referencia positiva. Entre 2015 y 2019 la ciudad, con Francesca Bria como comisionada de tecnología, reformuló su plan de ciudad inteligente en torno a la soberanía tecnológica y de datos: la plataforma Decidim para la participación con software libre, cláusulas en los contratos públicos que devuelven los datos a la ciudad, el proyecto europeo DECODE para que los ciudadanos controlen sus datos y la prioridad a problemas de vivienda, energía y movilidad sobre los escaparates tecnológicos. Los editores lo presentan como prueba de que el derecho a la ciudad inteligente puede traducirse en política, y también señalan sus límites de escala y continuidad.

Toronto, críticas y quién decide para qué sirven los sensores

El libro dialoga con la crítica de Ben Green, Adam Greenfield y Shannon Mattern, y con el fracaso de Sidewalk Labs en Toronto en 2020, que confirmó que la pregunta de quién posee los datos de una ciudad decide el destino de un proyecto. Sus críticos señalan que la propuesta de una ciudad inteligente ciudadana puede ser tan difícil de escalar como las iniciativas que critica, y que el derecho a la ciudad de Lefebvre, centrado en el espacio, pierde precisión al aplicarse a flujos de datos; los editores responden que la ciudad digital produce espacio tanto como la física y que la lucha por decidir sobre ella es la misma.

La lección de The Right to the Smart City es que la tecnología urbana no es neutral y que su gobernanza es el campo donde hoy se decide parte del derecho a la ciudad. Una ciudad inteligente que trata a sus habitantes como usuarios y a sus datos como activos privados reproduce la ciudad desigual con más precisión; una que los trata como ciudadanos con poder sobre la infraestructura, los datos y las prioridades puede convertir la tecnología en instrumento de justicia. La diferencia no está en los sensores sino en quién decide para qué sirven.