Desmascara el teatro participativo que nos engaña

. Un martes por la tarde, un centro cívico. Sillas en círculo, café, pósits de colores. En la pared, los paneles de un proyecto urbano ya aprobado. Los vecinos llegan con propuestas sobre vivienda, tráfico y zonas verdes. El equipo dinamizador les pide opinar sobre el color de los bancos y la ubicación de los árboles. Todo lo demás, explican, ya viene definido. La escena se repite cada semana en cientos de ciudades. Se llama proceso participativo, y a menudo es otra cosa. Aquí está la pregunta que sostiene este vídeo. Cuando te invitan a participar, ¿te dan poder de decidir o te piden legitimar una decisión ya tomada? Para responder hay que entender el mecanismo. La participación ciudadana se ha institucionalizado. Hay leyes que la exigen, técnicos que la gestionan, empresas que la dinamizan y memorias que la certifican. Esa institucionalización tiene una consecuencia paradójica. Convierte la participación en un trámite que el proyecto debe superar, no en un espacio donde el proyecto puede cambiar. El proceso se diseña hacia atrás, desde la decisión ya tomada. Se eligen las preguntas que no comprometen, los temas que no tocan el presupuesto y los formatos que dispersan el desacuerdo. El resultado es un ritual con apariencia democrática. Los datos muestran que muchos procesos reglados funcionan así. La ciudadanía participa en la participación, mientras el poder de decidir permanece intacto en otro lugar. Hace más de medio siglo, la investigadora Sherry Arnstein propuso una imagen que sigue siendo la mejor brújula: una escalera de la participación. En los peldaños bajos está la manipulación, donde el proceso sirve para fabricar apoyo. En los peldaños intermedios están la información y la consulta. Ahí la gente tiene voz, pero ninguna garantía de que su voz cambie nada. Arnstein llamó a esa zona participación simbólica: la ficha que sustituye al dinero real. Solo en los peldaños altos aparece lo decisivo: asociación efectiva, poder delegado y control ciudadano. La escalera ofrece un criterio simple y afilado. No preguntes cuánta gente participó. Pregunta cuánto poder cambió de manos. Esa es la diferencia entre redistribuir y escenificar. Un ejemplo cercano. En España, el planeamiento urbano incluye por ley trámites de exposición pública y alegaciones. Sobre el papel, cualquier vecino puede opinar sobre un plan antes de su aprobación. En la práctica, un informe del Parlamento Europeo sobre el urbanismo español fue demoledor. Señaló que la participación llegaba tarde, era meramente formal y carecía de transparencia real. El plan ya estaba negociado cuando el ciudadano podía leerlo. Sus alegaciones recibían respuestas tipo, redactadas para cumplir el expediente. Esto puede leerse como un fallo de diseño, pero también como un diseño que funciona. El trámite produce exactamente lo que necesita producir: la evidencia documental de que hubo participación. Aquí llega el enfoque afilado de este vídeo. La prueba no está en el proceso, sino en el poder. Ante cualquier convocatoria conviene hacer tres preguntas. Primera: ¿qué puede cambiar de verdad como resultado? Si la respuesta es el mobiliario y no los usos del suelo, hay escenografía. Segunda: ¿cuándo llega la participación? Si llega después del convenio firmado o del proyecto redactado, llega tarde a propósito. Tercera: ¿quién responde y cómo? Una participación seria devuelve razones: qué se incorporó, qué se descartó y por qué. El lavado participativo devuelve fotos, nubes de palabras y agradecimientos. Cabe sostener que esta tercera pregunta, la trazabilidad de la respuesta, es la más reveladora de todas. También existe el otro extremo, y conviene conocerlo. Hace más de tres décadas, la ciudad brasileña de Porto Alegre inventó el presupuesto participativo. Las asambleas vecinales no opinaban sobre bancos: decidían inversiones reales, con dinero real, priorizadas por criterios de necesidad. Los datos muestran que la inversión se desplazó hacia los barrios más pobres. Eso es redistribuir poder, no escenificarlo. El problema vino después. Según la investigación del sociólogo Ernesto Ganuza, el modelo viajó por el mundo y en el viaje se vació. Muchas ciudades importaron el nombre y la metodología, pero recortaron el dinero en juego y el carácter vinculante. Quedó la marca sin el contenido: presupuestos que deciden una parte mínima del gasto municipal. Hagamos justicia al contraargumento, porque existe y es serio. No toda información ni toda consulta son teatro. Hay decisiones con fuerte componente técnico donde someterlo todo a votación sería irresponsable. Informar bien es una condición de cualquier democracia, no un peldaño menor. Y la institucionalización también protege: da continuidad a la participación cuando cambia el gobierno de turno. Todo esto es cierto.