Derecho a la ciudad: Lefebvre, Harvey y Marcuse explicados

El derecho a la ciudad es la reivindicación de que quienes habitan una ciudad tienen derecho no solo a usarla sino a decidir colectivamente cómo se produce, se transforma y se reparte. Lo formuló el filósofo francés Henri Lefebvre en 1968, en el libro del mismo título, y desde entonces ha pasado de consigna académica a principio jurídico, recogido en la Constitución de Ecuador de 2008, en el Estatuto de la Ciudad de Brasil de 2001 y en la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas de 2016. Tres autores marcan su recorrido: Lefebvre, que lo inventó; David Harvey, que lo actualizó como derecho colectivo frente al capital; y Peter Marcuse, que preguntó de quién es ese derecho y a qué ciudad.

Henri Lefebvre y el derecho a la ciudad de 1968

Lefebvre escribió El derecho a la ciudad en vísperas de mayo de 1968, cuando el urbanismo funcionalista y los grandes conjuntos de vivienda estaban expulsando la vida urbana de las ciudades francesas. Su derecho a la ciudad no es un derecho a visitar el centro ni a recibir servicios, sino un derecho a la obra, a la participación y a la apropiación: a hacer la ciudad como se hace una obra colectiva, a intervenir en las decisiones que la producen y a usar el espacio según las necesidades de la vida y no del intercambio mercantil. Es, dice, un grito y una demanda, no una norma.

David Harvey: derecho colectivo sobre el excedente urbano

Harvey retomó la idea en el ensayo El derecho a la ciudad (2008) y en Ciudades rebeldes (2012). Para él, la urbanización es el proceso por el que el capital absorbe sus excedentes construyendo y reconstruyendo la ciudad, y por eso el derecho a la ciudad es el derecho a controlar ese excedente: a decidir qué se construye, para quién y con qué recursos. Es un derecho colectivo, no individual, porque la ciudad es producto del trabajo común de quienes la habitan, y su ejercicio exige movimientos capaces de disputar el poder sobre el proceso urbano, como los que Harvey documenta de París en 1871 a las plazas de 2011.

Peter Marcuse: de quién es el derecho y a qué ciudad

Marcuse, en el artículo From critical urban theory to the right to the city (2009), introdujo las preguntas incómodas. De quién es el derecho: no de todos por igual, sino de quienes están privados de lo esencial, los excluidos, y de quienes están alienados aunque tengan techo y empleo, los descontentos. A qué ciudad: no a la existente, que ya pertenece a quienes la dominan, sino a una ciudad futura que hay que construir. Y cómo: mediante una estrategia que exponga las causas de la injusticia, proponga alternativas y politice a quienes las sufren. Sin esa concreción, advierte, el derecho a la ciudad se convierte en eslogan que cualquier gobierno puede adoptar sin cambiar nada.

Del principio a la práctica: leyes, movimientos e instrumentos

En la práctica, el derecho a la ciudad se ha traducido en instrumentos concretos: la función social de la propiedad y los planes participativos del Estatuto de la Ciudad brasileño, los presupuestos participativos, las políticas de regularización de asentamientos, la defensa del espacio público frente a la privatización y las luchas contra los desahucios y la gentrificación. Organizaciones como la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad lo han convertido en marco de incidencia internacional. Cada traducción reduce algo de la radicalidad de Lefebvre, pero amplía su alcance.

La cuestión abierta es la tensión entre el derecho a la ciudad como principio jurídico y como proyecto de transformación. Reconocido por leyes y agendas, corre el riesgo de quedar en un catálogo de servicios; mantenido como reivindicación de los movimientos, conserva su fuerza pero depende de que existan movimientos capaces de ejercerlo. Lefebvre, Harvey y Marcuse coinciden en lo esencial: la ciudad es una obra colectiva, y el derecho a decidir sobre ella pertenece a quienes la hacen cada día, no a quienes la poseen.