Violencia urbana y políticas de seguridad en ciudades desiguales

Las políticas de seguridad ciudadana son el conjunto de medidas con que los gobiernos responden a la violencia urbana: policía, justicia penal, prevención social, diseño del espacio y control de armas. En las ciudades desiguales de América Latina, que concentran una parte desproporcionada de los homicidios del mundo, esas políticas han oscilado entre la mano dura, que promete resultados rápidos con más policía y más cárcel, y la prevención, que actúa sobre las causas. Dos investigadoras han estudiado ese dilema: la antropóloga Teresa Caldeira, autora de City of Walls, y la politóloga chilena Lucía Dammert, referencia en seguridad ciudadana en la región.

Caldeira y Dammert: miedo, muros y discurso punitivo

Caldeira mostró en São Paulo que la respuesta social al crimen, muros, seguridad privada y enclaves cerrados, no reduce la violencia sino que la redistribuye hacia quienes no pueden pagar protección, y que el discurso del miedo legitima la brutalidad policial contra los pobres. La seguridad se convierte así en un bien de mercado que profundiza la segregación. Dammert, en Fear and Crime in Latin America (2012) y en sus trabajos para la CEPAL y el BID, añade una constatación: el miedo al delito crece con independencia de las tasas reales, se alimenta de los medios y del discurso político, y empuja a los gobiernos a políticas punitivas que dan réditos electorales pero no resultados.

El balance de la mano dura en América Latina

La mano dura tiene un balance conocido. El encarcelamiento masivo de El Salvador, Honduras o Brasil llenó las prisiones sin reducir de forma sostenida la violencia durante dos décadas, y convirtió las cárceles en escuelas de las pandillas. Las redadas y la militarización de las periferias producen abusos, desconfianza y ejecuciones extrajudiciales, como documentan los datos de letalidad policial en Río de Janeiro. El régimen de excepción salvadoreño desde 2022 ha bajado los homicidios a costa de decenas de miles de detenciones sin garantías, y su sostenibilidad y su coste en derechos siguen en debate. Dammert advierte que la seguridad sin Estado de derecho es un espejismo.

Qué políticas de seguridad han funcionado

Las políticas que han funcionado combinan varios frentes. Policía de proximidad con control civil, entrenamiento y rendición de cuentas, como los cuadrantes de Bogotá o las unidades de pacificación de Río en su primera etapa. Intervenciones focalizadas en los puntos calientes donde se concentra la mayoría de los delitos. Programas para jóvenes en riesgo, con empleo, educación y mediación, que interrumpen la entrada en las pandillas. Control de armas de fuego y del alcohol. Y urbanismo social: transporte, escuelas, bibliotecas y espacio público en los barrios más golpeados, como hizo Medellín, que pasó de 380 homicidios por cien mil habitantes en 1991 a menos de 20 en la década siguiente.

Diseño del espacio: prevención situacional y sus límites

El diseño del espacio importa, pero con límites. La prevención situacional, iluminar, abrir, dar visibilidad y uso a las calles, reduce oportunidades de delito y el miedo; pero, como advierte Caldeira, cuando se convierte en muros, cámaras y expulsión de los indeseables de las plazas, refuerza la exclusión. La diferencia está en si la intervención abre el espacio a más gente o lo cierra a unos pocos. Dammert insiste además en que las políticas deben medir la violencia contra las mujeres y en el hogar, que la estadística de homicidios en la calle invisibiliza.

La conclusión de ambas autoras es que la violencia urbana es un problema de desigualdad y de instituciones antes que de policía. Las ciudades que han reducido la violencia de forma duradera lo hicieron llevando el Estado, en forma de derechos, servicios y justicia, a los barrios de los que se había retirado, y tratando a sus habitantes como ciudadanos que hay que proteger y no como amenazas que hay que contener. Todo lo demás, muros, redadas o cárceles, compra tiempo a un precio que pagan los mismos de siempre.