¿Quién controla la ciudad cuando el software es privado?

Quién controla la ciudad cuando el software está en manos privadas es la pregunta que dejó el fracaso de Sidewalk Labs en Toronto: en 2017 el primer ministro de Canadá bajó al puerto para anunciar que una filial urbana de Google diseñaría un barrio entero, construido desde internet hacia arriba, con aceras calefactadas, taxis sin conductor, semáforos que aprenden del tráfico y, debajo de todo, miles de sensores registrando datos de cada persona que cruzara la calle. Ese barrio nunca se construyó, y su fracaso importa más que muchos éxitos, porque desnuda la cuestión de fondo: cuando los programas que gestionan una ciudad son propiedad de una empresa, gobierna el ayuntamiento que firma el contrato o el proveedor que escribe el código.

El mecanismo: una compra de servicios que es transferencia de poder

El mecanismo del modelo de ciudad inteligente funciona casi siempre igual. Un ayuntamiento compra a un proveedor una plataforma que promete eficiencia en tráfico, riego, alumbrado o seguridad; la empresa instala los sensores, opera los servidores y diseña los algoritmos que convierten datos en decisiones. Sobre el papel es una compra de servicios; en la práctica es una transferencia de poder. Los datos urbanos pasan a circular por infraestructura privada, los criterios que priorizan una avenida o un barrio quedan protegidos como secreto industrial y cambiar de proveedor resulta tan caro y complejo que la ciudad queda atrapada. Los especialistas lo llaman dependencia tecnológica: el cliente público ya no puede marcharse.

Opacidad algorítmica: decisiones que nadie votó en una caja negra

Los efectos aparecen cuando no hay marcha atrás. Decisiones que antes se discutían en un pleno, qué calle se patrulla más, qué semáforo se abre antes, qué barrio recibe mantenimiento prioritario, se ejecutan dentro de una caja negra que nadie votó y alguien programó en una oficina lejana, y cuando una concejala pide auditar el sistema la respuesta habitual es que el código está protegido por propiedad intelectual. Es la opacidad algorítmica, que convierte la política urbana en servicio técnico externalizado, y los grandes contratos concentran además el mercado en un puñado de corporaciones globales. La ciudad, que en teoría es de todos, empieza a funcionar con reglas que casi nadie puede leer.

Toronto: Sidewalk Labs, Balsillie y la pregunta por los datos

Toronto es el caso más revelador. Sidewalk Labs no se conformaba con instalar tecnología: en sus documentos fundacionales planteó cobrar tasas, gestionar el transporte público y ensayar formas propias de policía y justicia local, y el empresario tecnológico canadiense Jim Balsillie definió el proyecto como un experimento colonizador del capitalismo de vigilancia. La ciudadanía organizada respondió con audiencias, protestas y peticiones formales preguntando quién sería dueño de los datos y ante quién respondería el sistema; la empresa nunca ofreció una respuesta convincente y abandonó el proyecto en 2020 sin colocar un ladrillo. Toronto demostró que el modelo puede frenarse y lo agotador que resulta frenarlo.

Songdo, Zuboff, Morozov y las alternativas municipales

El segundo caso está en Corea del Sur. Songdo se levantó desde cero como la ciudad inteligente perfecta, cableada, sensorizada y exhibida en ferias como el futuro urbano definitivo, y hoy muchos investigadores la describen como una ciudad de catálogo, técnicamente impecable y socialmente tibia, que funciona sobre todo como escaparate de sus propios proveedores. Los índices que clasifican ciudades inteligentes cierran el circuito: premian a las que compran más tecnología y presionan a las demás para imitarlas, el índice hace de catálogo, el proveedor pone el producto y la ciudad subcontratada es el resultado. Shoshana Zuboff lo lee como capitalismo de vigilancia trasladado a la calle, extraer comportamiento humano y convertirlo en negocio, y Evgeny Morozov añade el solucionismo, la creencia de que todo problema urbano se arregla comprando tecnología.

Cabe leerlo como una mutación del urbanismo neoliberal: antes se privatizaban las empresas de agua o de autobuses, ahora se externaliza la capacidad de decidir. Las alternativas existen y son municipales. Barcelona incluyó desde 2016 cláusulas de soberanía de datos y software libre en sus contratos tecnológicos; Ámsterdam y Helsinki publican registros de los algoritmos que usan y para qué; varias ciudades exigen que los datos generados en el espacio público sean públicos y que cualquier sistema pueda auditarse y sustituirse. La lección de Toronto es que la pregunta por quién es dueño de los datos decide quién gobierna, y que un ayuntamiento que no puede leer el código de su ciudad ha dejado de gobernarla, aunque siga firmando los contratos.