Puntos clave
- Swyngedouw: la escasez urbana de agua es producida por decisiones sobre dónde llega la red y quién paga, como en Guayaquil.
- Tras la guerra del agua de Cochabamba en 2000, más de 200 ciudades han remunicipalizado el servicio, entre ellas París y Berlín.
- Davis: mil millones de personas sin saneamiento en barrios informales por políticas que no los reconocen como ciudad.
El derecho al agua es el reconocimiento de que el acceso a agua potable y saneamiento es una condición de la vida digna y no una mercancía, y la Asamblea General de Naciones Unidas lo declaró derecho humano en 2010, tras décadas de conflictos urbanos en torno a quién controla el agua y a qué precio.
La justicia ambiental es el marco que explica por qué esos conflictos afectan más a los pobres y a las minorías, y dos autores lo han aplicado al agua urbana: el geógrafo Erik Swyngedouw, que en Social Power and the Urbanization of Water (2004) y Liquid Power (2015) mostró que el agua de la ciudad es siempre una relación de poder, y Mike Davis, que en Planeta de ciudades miseria (2006) documentó cómo mil millones de personas viven sin saneamiento en los barrios informales del Sur global.
Erik Swyngedouw: la escasez urbana de agua es producida, no natural
Swyngedouw estudió Guayaquil, en Ecuador, donde cerca de la mitad de la población compraba en los años noventa agua a camiones cisterna a precios muy superiores a los de la red, mientras los barrios ricos la recibían subvencionada por tubería. Su conclusión es que la escasez urbana de agua rara vez es natural: es producida por decisiones sobre dónde llega la red, quién paga la infraestructura y a quién se atiende primero. En Liquid Power aplicó esa mirada a la España del siglo XX, donde presas, trasvases y regadíos fueron instrumentos de poder político, del regeneracionismo a Franco y a la guerra del agua entre comunidades autónomas.
Privatización y remunicipalización: de Cochabamba a París
La privatización es el conflicto central de las últimas décadas. Con el respaldo del Banco Mundial, muchas ciudades concesionaron sus sistemas de agua a empresas privadas en los años noventa, y los resultados fueron tarifas más altas y cortes por impago. La guerra del agua de Cochabamba, en Bolivia, en el año 2000, cuando la población expulsó a la concesionaria tras subidas de precio, se convirtió en símbolo de la resistencia, y desde entonces más de doscientas ciudades, de París en 2010 a Berlín en 2013, han remunicipalizado el servicio. Swyngedouw lee esos episodios como la disputa por decidir si el agua es un bien común o un negocio.
Mike Davis: agua y saneamiento en los barrios informales
Davis muestra la cara más dura. En los barrios informales de Lagos, Nairobi, Bombay o Ciudad de México, el agua llega por vendedores, pozos contaminados o conexiones ilegales, y la falta de saneamiento hace de las diarreas una de las principales causas de mortalidad infantil. Esa situación no es una carencia técnica sino el resultado de políticas que no consideran a los asentamientos parte legítima de la ciudad y que dedican la inversión a los distritos formales. La injusticia ambiental, en su análisis, es la distribución sistemática de los riesgos, inundación, contaminación, enfermedad, sobre quienes menos han contribuido a producirlos.
Flint, Detroit y Ciudad del Cabo: la injusticia ambiental en el Norte
Los casos del Norte confirman que la injusticia no es exclusiva del Sur. En Flint, Michigan, en 2014, la decisión de cambiar de fuente para ahorrar costes envenenó con plomo el agua de una ciudad mayoritariamente negra y pobre, y los responsables tardaron más de un año en reconocerlo. En Detroit se cortó el agua a decenas de miles de hogares por impago. En Ciudad del Cabo, la crisis del día cero de 2018 mostró que los límites de consumo se aplicaban de forma muy distinta entre barrios ricos y townships. El movimiento por la justicia ambiental, nacido en Estados Unidos en los años ochenta, ha hecho del agua uno de sus frentes principales.
La lección de Swyngedouw y Davis es que garantizar el derecho al agua es una decisión política antes que técnica: extender la red a los barrios informales, mantener tarifas sociales y prohibir los cortes, gestionar el recurso como bien común y dar voz a las comunidades afectadas en las decisiones sobre presas, trasvases y concesiones. Una ciudad que reparte el agua según la renta produce injusticia ambiental por diseño; una que la reparte como derecho convierte su infraestructura más invisible en la base de la igualdad urbana.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el derecho al agua?
Es el reconocimiento, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, de que el acceso a agua potable y saneamiento es una condición de la vida digna y no una mercancía, lo que obliga a los Estados a garantizarlo con redes, tarifas accesibles y prohibición de cortes.
¿Por qué el acceso al agua es una cuestión de justicia ambiental?
Porque los riesgos, escasez, contaminación y enfermedad, se distribuyen sobre los pobres y las minorías, como muestran Guayaquil, los barrios informales de Lagos o Bombay, el envenenamiento por plomo de Flint en 2014 o los cortes de Detroit, resultado de decisiones políticas y no de carencias técnicas.
