Pueblos indígenas en la ciudad: derechos, despojo y reconocimiento

Los derechos de los pueblos indígenas en la ciudad son la cuestión de cómo reconocer territorio, cultura, consulta y participación a comunidades cuyas tierras fueron ocupadas por la expansión urbana o que hoy viven, en su mayoría, en ciudades: según el Banco Mundial, cerca de la mitad de los 42 millones de indígenas de América Latina son urbanos, y en Canadá, Australia o Nueva Zelanda la proporción supera el 60 %. La Declaración de Naciones Unidas de 2007 y el Convenio 169 de la OIT de 1989 reconocen derechos a la tierra, a la consulta previa y a la identidad, pero fueron pensados para territorios rurales, y la ciudad sigue siendo el lugar donde esos derechos se ignoran con más facilidad. Clara Irazábal y Raquel Gutiérrez Aguilar han estudiado esa tensión desde la planificación y desde los movimientos.

Clara Irazábal: ciudades construidas sobre tierras despojadas

Irazábal, urbanista venezolana que ha investigado la planificación en América Latina, muestra que las ciudades de la región se construyeron sobre tierras indígenas despojadas sin consulta ni compensación, y que la expansión metropolitana sigue el mismo patrón: los pueblos originarios de la periferia de Ciudad de México, las comunidades mapuche del área de Santiago o los ejidos absorbidos por las ciudades mexicanas pierden tierras ante autopistas, urbanizaciones y polígonos, y sus demandas de reconocimiento territorial quedan subordinadas al desarrollo económico. Su crítica apunta a una planificación que no ve a los indígenas como sujetos de derecho sino como obstáculo o folclore.

Raquel Gutiérrez Aguilar: El Alto, Cochabamba y el poder comunitario

Gutiérrez Aguilar, matemática y socióloga mexicana que vivió los ciclos de movilización boliviana, analizó en Los ritmos del Pachakuti (2008) las luchas de 2000 a 2005: la guerra del agua de Cochabamba, los bloqueos aymaras del altiplano y la guerra del gas de El Alto en 2003, que expulsó a un presidente y abrió el camino a la Constitución plurinacional de 2009. Su análisis muestra que la ciudad, El Alto en particular, fue el escenario donde las comunidades indígenas migradas reorganizaron sus formas comunitarias de decisión y las convirtieron en poder político. También advierte que el reconocimiento legal, incluso en un Estado plurinacional, no garantiza protección efectiva frente al extractivismo y la urbanización.

Tierras, consulta, vivienda y censos: los conflictos urbanos

Los conflictos urbanos concretos se repiten. La pérdida de tierras y sitios sagrados ante infraestructuras: cerros, lagunas y bosques comunales convertidos en suelo urbanizable. La exclusión de la planificación: los pueblos originarios rara vez son consultados sobre planes que afectan a sus territorios, y cuando la consulta existe se realiza como trámite. La discriminación en vivienda y empleo, que concentra a los indígenas urbanos en asentamientos informales. Y la invisibilidad estadística, porque muchos censos no registran la identidad indígena en la ciudad, lo que borra a la población de las políticas.

Ciudad de México, Vancouver, Bolivia: respuestas de reconocimiento

Existen respuestas. Ciudad de México reconoció en su Constitución de 2017 a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes, con derechos de consulta y a la ciudad. Bolivia y Ecuador han incorporado la plurinacionalidad. En Canadá, ciudades como Vancouver desarrollan planes con las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh sobre cuyo territorio no cedido se asienta la ciudad, y en Nueva Zelanda la ley exige la participación maorí en la planificación. Las claves comunes son el reconocimiento territorial, la consulta vinculante, la representación en los órganos de decisión y la producción de datos que hagan visible a la población indígena urbana.

La lección de Irazábal y Gutiérrez Aguilar es que la ciudad no es el fin de lo indígena sino uno de sus territorios, y que el urbanismo tiene una deuda de reconocimiento. Planificar con los pueblos indígenas significa aceptar que la ciudad se asienta sobre tierras con historia y derechos, dar voz a quienes las habitaban y a quienes han migrado a ella, y aprender de formas comunitarias de gestión del agua, el suelo y la decisión que la ciudad colonial intentó borrar. Una ciudad que lo hace amplía la ciudadanía; una que no lo hace prolonga la colonización por medio del plan.