¿Quién controla el espacio público de tu ciudad? Plazas privadas

Quién controla el espacio público de tu ciudad es una pregunta que se responde mirando la titularidad del suelo: una plaza recién estrenada, con bancos de madera, arbolado joven y chorros de agua, donde un guardia de seguridad pide a alguien que deje de grabar la fachada porque, aunque se cruce sin pagar y parezca de todos, es propiedad privada.

Los espacios de propiedad privada y uso público, conocidos por sus siglas en inglés POPS, nacieron en Nueva York con la ordenanza de zonificación de 1961, que permitía a los promotores construir más altura a cambio de ceder plazas y soportales al público, y se han extendido por medio mundo. El ayuntamiento consigue plazas sin gastar dinero, el promotor consigue metros que valen mucho más, y la letra pequeña está en la titularidad: el suelo sigue siendo privado, solo el uso es público.

Normas privadas, cambiantes y sin electorado: los efectos en las cosas pequeñas

Quien conserva la propiedad conserva la potestad de fijar horarios, prohibir actividades, contratar vigilancia y decidir quién sobra, y los efectos se notan en las cosas pequeñas. En estas plazas suele prohibirse dormir, fotografiar sin autorización, repartir panfletos, tocar música o sentarse demasiado tiempo sin consumir, y nada de eso aparece en un cartel visible. Cuando el diario The Guardian investigó en 2017 los espacios de propiedad privada de Londres, los responsables de la operación de King's Cross reconocieron que existía un reglamento interno para los usuarios pero se negaron a hacerlo público. En la calle las normas son conocidas y recurribles; en estos recintos son privadas, cambiantes y las aplica alguien que no responde ante ningún electorado.

Paternoster Square y Zuccotti Park: Occupy y el derecho de reunión

El caso más elocuente ocurrió en 2011. Los manifestantes de Occupy London quisieron acampar en Paternoster Square, la plaza frente a la Bolsa que cualquiera describiría como pública, y fueron expulsados en horas mediante una orden judicial porque el suelo pertenecía a Mitsubishi Estate; protestar allí no era manifestarse sino, jurídicamente, allanar una propiedad, y acabaron acampando ante la catedral de San Pablo, un terreno más accesible que la supuesta plaza cívica. En Nueva York ocurrió lo contrario: Occupy Wall Street ocupó el parque Zuccotti precisamente porque, como POPS, debía permanecer abierto las veinticuatro horas, y su propietario tardó semanas en desalojarlo. La misma figura jurídica puede cerrar o abrir el derecho de reunión según cómo se regule.

Jerold Kayden y las quinientas plazas de Nueva York

El profesor de derecho urbanístico Jerold Kayden catalogó una por una las plazas cedidas por promotores en Nueva York y publicó el resultado en 2000: más de quinientos espacios, una cantidad impresionante de superficie obtenida, y una calidad que dejaba mucho que desear, con cerca de cuatro de cada diez que no cumplían los estándares exigidos y una parte significativa cerrada o privatizada ilegalmente por sus propietarios. La ciudad había regalado edificabilidad a cambio de una contraprestación que en muchos casos nunca se prestó del todo. Su trabajo llevó a auditorías, a una ley de señalización obligatoria y a la organización Advocates for Privately Owned Public Space que vigila su cumplimiento.

Escaparate, no ágora: interpretación, contraargumento y regulación

La interpretación va un paso más allá. Estas plazas no están diseñadas para que la gente se quede sino para que circule hacia las tiendas y oficinas que las rodean: son escaparate, no ágora, y por eso repiten el mismo repertorio de mobiliario incómodo para tumbarse, música ambiental, jardinería impecable y ausencia total de conflicto. Como sostiene Richard Sennett, una plaza viva necesita fricción, mezcla y usos imprevistos, y aquí ocurre lo contrario: se filtra la incomodidad y con ella a las personas incómodas. Anna Minton documentó ese modelo en Ground Control, y las respuestas han empezado a llegar: la carta del espacio público de Londres de 2021 pide normas públicas y acceso garantizado en los nuevos desarrollos.

El contraargumento es que sin estos acuerdos muchas ciudades no tendrían plazas nuevas, que los espacios privados suelen estar mejor mantenidos y que la mayoría de los usuarios no nota la diferencia. Es cierto, y precisamente por eso importa la regulación: exigir que las normas de uso sean públicas y equivalentes a las de la calle, que el acceso esté garantizado sin horario ni consumo, que las cesiones se inscriban y auditen, y que el derecho de reunión no dependa de la buena voluntad de un propietario. Una ciudad que no controla su espacio público lo tiene prestado, y lo que se presta se puede retirar.