Seguridad urbana y tecnología: vigilancia según Lyon y Graham

La seguridad urbana con tecnología es el uso de cámaras, sensores, drones, reconocimiento facial y algoritmos de predicción para vigilar y gestionar el espacio de las ciudades, y se ha convertido en una de las transformaciones más rápidas y menos debatidas del urbanismo contemporáneo. Londres tiene una cámara por cada pocas decenas de habitantes, China ha desplegado cientos de millones, y ciudades de todo el mundo compran sistemas que prometen prevenir el delito antes de que ocurra. Dos autores han estudiado qué significa ese cambio: el sociólogo canadiense David Lyon, fundador de los estudios de vigilancia, y el geógrafo británico Stephen Graham, que en Cities Under Siege (2010) rastreó el paso de la tecnología militar a la policía urbana.

David Lyon: la vigilancia como clasificación social

Lyon, en Surveillance Studies: An Overview (2007) y La cultura de la vigilancia (2018), propone entender la vigilancia no como un panóptico único sino como una clasificación social: los sistemas recogen datos para ordenar a las personas en categorías, sospechosas, solventes, deseables, y tratarlas de forma distinta según la categoría. Esa clasificación es invisible para quien la sufre y tiende a reproducir sesgos existentes, porque los algoritmos aprenden de datos policiales que ya sobrerrepresentan a los barrios pobres y racializados. Lyon añade que la vigilancia se ha vuelto cultura: la gente participa en ella, comparte su ubicación y sus imágenes, y la normaliza como condición de la vida urbana.

Stephen Graham: de la guerra a la policía urbana

Graham muestra el origen de las herramientas. Reconocimiento facial, drones, análisis de redes y software de predicción se desarrollaron para las guerras de Irak y Afganistán y para el control de los territorios palestinos, y volvieron a las ciudades occidentales como productos de seguridad vendidos por las mismas empresas. Su tesis del nuevo urbanismo militar sostiene que la ciudad ha sido redefinida como campo de batalla y el ciudadano como sospechoso potencial, y que la seguridad tecnológica se concentra en fronteras, centros comerciales, distritos financieros y barrios estigmatizados, es decir, en los bordes entre ricos y pobres.

Qué dice la evidencia sobre cámaras, predicción y reconocimiento facial

La evidencia sobre la eficacia es más modesta de lo que promete el mercado. Las revisiones sistemáticas de Brandon Welsh y David Farrington sobre cámaras de vigilancia encuentran reducciones significativas del delito solo en aparcamientos y efectos pequeños o nulos en calles y transporte. Los programas de policía predictiva como PredPol, usados en Los Ángeles y otras ciudades, fueron abandonados tras mostrar que enviaban patrullas a los mismos barrios de siempre sin reducir el delito. Y el reconocimiento facial falla más con mujeres y personas de piel oscura, como demostró en 2018 el estudio Gender Shades de Joy Buolamwini, lo que ha producido detenciones erróneas documentadas.

Regulación: San Francisco, la ley europea de IA y los registros de algoritmos

Las respuestas regulatorias han empezado. San Francisco prohibió en 2019 el reconocimiento facial por parte de la administración municipal y decenas de ciudades estadounidenses la siguieron. La Unión Europea aprobó en 2024 una ley de inteligencia artificial que restringe la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos a casos excepcionales con autorización judicial. Barcelona y Ámsterdam han creado registros públicos de los algoritmos que usan y comités de ética. Lyon y Graham reclaman ir más lejos: evaluar cada sistema por su eficacia probada y su impacto en derechos antes de comprarlo, y devolver a la ciudadanía el control sobre los datos que la ciudad recoge de ella.

La transformación tecnológica de la seguridad urbana plantea, en el fondo, la misma pregunta que la seguridad de siempre: para quién y contra quién. Una cámara puede proteger una parada de autobús o vigilar una protesta; un algoritmo puede optimizar la ambulancia o señalar al vecino. Lyon y Graham coinciden en que la diferencia no está en la tecnología sino en quién la gobierna, con qué transparencia y con qué límites, y en que una ciudad que compra seguridad sin preguntarlo acaba comprando vigilancia.