Defender la vivienda como derecho frente a la financiarización

Defender la vivienda como derecho significa sostener que un lugar seguro donde vivir es una condición de la vida digna que el Estado debe garantizar, y no un activo cuyo acceso decide el mercado, y esa defensa se ha vuelto urgente porque la financiarización ha invertido la prioridad. Manuel Aalbers, Raquel Rolnik y David Madden, desde la geografía, la arquitectura y la sociología, coinciden en el diagnóstico: la vivienda se ha convertido en la principal reserva de valor del sistema financiero global, y cuando gana el papel de inversión pierde el de hogar. La pregunta es qué significa defender ese derecho cuando el mercado, la ley y la política pública lo tratan como mercancía.

Aalbers: la vivienda como activo líquido y la crisis de asequibilidad

Aalbers describe el mecanismo. Desde los años ochenta, la desregulación financiera, la titulización de hipotecas y la entrada de fondos de inversión en el alquiler convirtieron la vivienda en un activo líquido que se compra por su rendimiento esperado y no por su uso; el precio dejó de seguir a los salarios locales y empezó a seguir al capital global que busca colocarse, y la crisis de asequibilidad es la consecuencia lógica, no un fallo. En La financiarización de la vivienda (2016) muestra que ese proceso no es igual en todas partes, pero que en todas produce el mismo resultado: hogares endeudados o expulsados y ciudades donde la renta media no compra ni alquila lo que se construye.

Rolnik: el Estado como facilitador de la colonización financiera

Rolnik, relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada entre 2008 y 2014, añade la dimensión política. En La guerra de los lugares (2015) sostiene que las políticas neoliberales desmantelaron la vivienda pública, promovieron la propiedad financiada con deuda como única vía de acceso y abrieron la puerta a que grandes inversores controlaran el parque de alquiler, desde los fondos que compraron vivienda social en Berlín o Madrid hasta los que acumularon casas ejecutadas en Estados Unidos tras 2008; el resultado es una colonización financiera de los lugares donde vive la gente, con el Estado como facilitador. Rolnik insiste en que el derecho a la vivienda está reconocido en tratados internacionales que la mayoría de los países firmaron y pocos aplican.

Madden y Marcuse: la inseguridad residencial como disciplina

Madden, con Peter Marcuse en En defensa de la vivienda (2016), describe la experiencia. La inseguridad residencial, el miedo al desahucio, a la no renovación, a la subida que no se puede pagar, es hoy una condición común en las ciudades, y no un accidente sino la forma en que un mercado que prioriza las ganancias disciplina a quienes viven en él; la vivienda, escriben, es siempre a la vez política y económica, y la crisis es permanente para quienes no pueden competir. Las decisiones urbanas ya no responden a necesidades locales sino a la rentabilidad, y por eso las ciudades producen torres de lujo con pisos vacíos mientras falta vivienda asequible.

El contraargumento del mercado y qué significa subordinarlo

El contraargumento es que el mercado ha alojado a la mayoría de la población urbana del mundo, que la vivienda pública mal gestionada también fracasó, que la inversión financia la obra nueva que las ciudades necesitan y que declarar un derecho no construye una sola casa. Los tres autores responden que defender la vivienda como derecho no significa abolir el mercado sino subordinarlo: parque público y de alquiler protegido a escala suficiente, regulación de alquileres y desahucios, fiscalidad que penalice la vivienda vacía y la especulación, límites a la compra por fondos y una política que mida su éxito en hogares alojados, no en precios.

La lección es que la vivienda como derecho es una decisión política que las ciudades pueden tomar, como muestran Viena, con más de la mitad de su población en vivienda pública o de beneficio limitado, o los referéndums y sindicatos de inquilinos que han crecido en Berlín, Barcelona o Nueva York. La lucha por la justicia habitacional continúa porque el mercado, dejado a su lógica, seguirá tratando la casa como un activo; defenderla como derecho es recordar que primero fue, y debe volver a ser, un hogar.