Ciudadanía insurgente: James Holston y las periferias de São Paulo

La ciudadanía insurgente es el concepto con que el antropólogo estadounidense James Holston, profesor en la Universidad de California en Berkeley, explica cómo los habitantes de las periferias autoconstruidas de São Paulo se convirtieron en ciudadanos al margen y en contra de un orden legal que los excluía. Lo desarrolla en Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil (2008), tras décadas de trabajo de campo en barrios como Jardim das Camélias y Lar Nacional. Su tesis es que la ciudadanía brasileña fue diseñada desde la independencia como universal en la ley y diferenciada en la práctica, y que la autoconstrucción de la ciudad rompió esa fórmula desde abajo.

Ciudadanía diferenciada: igual en la ley, desigual en la práctica

Holston reconstruye primero la ciudadanía diferenciada: un sistema que concede derechos según la posición social de cada cual, la propiedad, la educación, la raza, mientras proclama la igualdad formal. La ley de tierras de 1850, que obligó a comprar el suelo público justo cuando la esclavitud empezaba a terminar, dejó a la población pobre sin acceso legal a la propiedad y creó la norma de que ocupar y luego regularizar es la forma habitual de acceder a la ciudad. La ilegalidad, muestra Holston, no es una anomalía brasileña sino el mecanismo por el que las élites y los pobres han producido la ciudad, con reglas distintas para cada uno.

Autoconstrucción en las periferias de São Paulo

La insurgencia nace en las periferias de São Paulo entre los años cuarenta y setenta, cuando millones de migrantes compraron lotes en urbanizaciones irregulares y construyeron sus casas con sus propias manos durante décadas. Ese proceso, la autoconstrucción, les dio algo más que un techo: la experiencia de haber hecho la ciudad, y con ella la convicción de que tenían derecho a ella. Cuando los promotores o el Estado intentaron desalojarlos, los vecinos aprendieron a usar la ley, a organizarse en asociaciones de barrio y a reclamar servicios, y en ese proceso se convirtieron en ciudadanos que exigían derechos en lugar de pedir favores.

Los tres rasgos de la ciudadanía insurgente

La ciudadanía insurgente, para Holston, tiene tres rasgos. Es una ciudadanía de los residentes, fundada en vivir en la ciudad y contribuir a construirla, no en el estatus legal. Es una ciudadanía de la ley, porque los insurgentes no rechazan el derecho sino que lo invocan, lo estudian y lo reinterpretan a su favor. Y es una ciudadanía que transforma el orden existente: la Constitución de 1988 y el Estatuto de la Ciudad de 2001, con su función social de la propiedad y sus instrumentos de regularización, son en buena parte fruto de las luchas de esas periferias. Lo insurgente no es lo violento sino lo que irrumpe donde no estaba previsto.

Límites, democracia disyuntiva y vigencia del concepto

Holston no idealiza. Muestra que la misma democratización que amplió los derechos convivió con el aumento de la violencia, la privatización de la seguridad y el rechazo de las clases medias a los derechos de los acusados, lo que llama, con Teresa Caldeira, democracia disyuntiva. Y advierte que la ciudadanía insurgente puede ser capturada por el clientelismo, la fragmentación o la lógica del mercado, como cuando la regularización convierte al ocupante en propietario que vende y se va. Su obra anterior, The Modernist City (1989) sobre Brasília, ya había mostrado cómo el urbanismo planificado desde arriba produce sus propias periferias insurgentes.

El concepto ha viajado desde São Paulo a los estudios urbanos de todo el Sur global, de las villas de Buenos Aires a los asentamientos de Nairobi o Yakarta, y ha dado nombre a la planificación insurgente que estudian Faranak Miraftab o Marcelo Lopes de Souza. Su lección es que la ciudadanía no se otorga solo desde el Estado: se construye también desde las periferias, casa a casa, cuando quienes hicieron la ciudad reclaman el derecho a decidir sobre ella. Para la planificación, eso significa reconocer la autoconstrucción como producción legítima de ciudad y a sus habitantes como ciudadanos con voz, no como problema a resolver.