La justicia espacial es la idea de que el lugar donde uno vive decide buena parte de lo que uno puede ser, y de que esa distribución no es natural sino producida: por el mercado del suelo, por las políticas públicas, por la discriminación y por decisiones de planificación que reparten de forma desigual escuelas, parques, transporte, aire limpio y riesgos. En la misma ciudad, la esperanza de vida puede variar más de diez años entre dos barrios a pocas paradas de metro.
Esta guía explica qué es la justicia espacial según Edward Soja y David Harvey, cómo se mide la segregación, qué fue el redlining y por qué sus mapas siguen prediciendo la pobreza y el calor de hoy, qué es la justicia ambiental, cómo se produce la segregación en las ciudades latinoamericanas y europeas, qué hizo Medellín con el urbanismo social y qué políticas reducen de verdad la desigualdad urbana. Al final enlaza los vídeos del canal sobre desigualdad, segregación, justicia espacial y políticas públicas.
Qué es la justicia espacial: Harvey, Soja y el derecho a la ciudad
David Harvey abrió el campo en 1973 con Justicia social y la ciudad, donde mostró que la ciudad no es un escenario neutro sobre el que ocurre la desigualdad sino un mecanismo que la produce: la localización de una autopista, de un vertedero o de una escuela buena reparte ventajas y cargas, y quien tiene poder para decidir la localización decide también quién gana. Harvey pasó de una teoría liberal de la justicia distributiva a una lectura marxista en la que el espacio urbano es el producto del capital que busca dónde invertir, y desde entonces ha defendido el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre como el derecho colectivo a cambiar la ciudad cambiándonos a nosotros mismos.
Edward Soja dio nombre al campo en En busca de la justicia espacial (2010). Su ejemplo es el Sindicato de Pasajeros de Autobús de Los Ángeles, que en 1996 ganó ante los tribunales un acuerdo que obligó a la autoridad de transporte a invertir en los autobuses que usaba la población pobre y no solo en los trenes que servían a los suburbios ricos. Para Soja, la justicia espacial no sustituye a la social sino que la hace visible: la geografía de la injusticia se puede mapear, medir y, por tanto, litigar. Iris Marion Young había añadido en 1990 que la justicia no es solo repartir bienes sino eliminar la dominación y la opresión, y que ambas tienen lugar.
Susan Fainstein propuso en La ciudad justa (2010) tres criterios para evaluar cualquier política urbana: equidad, que los beneficios lleguen a quienes menos tienen; democracia, que las decisiones se tomen con quienes las sufren; y diversidad, que la ciudad no separe a la gente por renta u origen. Comparó Nueva York, Londres y Ámsterdam y concluyó que Ámsterdam, con su parque de vivienda social y su planificación redistributiva, era la más justa de las tres.
Cómo se mide la segregación y qué produce
La segregación residencial es la separación de grupos sociales en barrios distintos. Se mide con el índice de disimilitud, que dice qué porcentaje de un grupo tendría que mudarse para que su distribución fuera igual a la del resto: por encima de 60 se considera muy alta. Douglas Massey y Nancy Denton mostraron en American Apartheid (1993) que la segregación racial estadounidense no era el resultado de preferencias sino de un siglo de políticas: pactos restrictivos, redlining, vivienda pública concentrada y violencia, y que esa segregación es la causa principal de la persistencia de la pobreza negra.
William Julius Wilson había descrito en Los verdaderamente desfavorecidos (1987) el mecanismo: cuando el empleo industrial se fue de los centros y la clase media negra pudo mudarse, los barrios que quedaron concentraron pobreza, desempleo y aislamiento, y la concentración añade un daño propio, el efecto barrio, a la pobreza individual. Raj Chetty y su equipo lo han medido desde 2014 con datos fiscales de millones de familias: el barrio donde un niño crece predice sus ingresos adultos, y los niños que se mudaron a barrios de menor pobreza antes de los trece años en el experimento Moving to Opportunity ganaron de adultos alrededor de un 30 % más.
En Europa y América Latina la segregación tiene otra forma y la misma lógica. Las ciudades europeas separan menos por raza y más por renta, y su segregación crece desde los años ochenta al ritmo de la desigualdad, como mostró el proyecto Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. En América Latina, Francisco Sabatini describió un patrón de segregación a gran escala, con los ricos concentrados en un cono de la ciudad y los pobres en las periferias, que se está transformando en una segregación a pequeña escala de barrios cerrados junto a asentamientos informales, y Bogotá tiene el sistema de estratos socioeconómicos, del uno al seis, que gradúa las tarifas de los servicios pero fija también en el mapa quién vive dónde.
Redlining: los mapas de los años treinta que siguen mandando
Entre 1935 y 1940 la agencia federal estadounidense Home Owners' Loan Corporation dibujó mapas de más de doscientas ciudades en los que clasificó cada barrio por su riesgo crediticio, del verde al rojo, y la línea roja marcaba las zonas donde vivían negros e inmigrantes, en las que los bancos no concedían hipotecas. Durante tres décadas ese criterio guió los préstamos con garantía federal, y las familias negras quedaron excluidas de la mayor creación de riqueza de la historia del país, la vivienda en propiedad de posguerra, mientras las autopistas y los proyectos de renovación urbana pasaban por sus barrios.
Los mapas son públicos desde 2016 gracias al proyecto Mapping Inequality de la Universidad de Richmond, y su poder predictivo es asombroso: los barrios marcados en rojo hace noventa años tienen hoy menos árboles, más asfalto, temperaturas de verano varios grados más altas, más asma, menos valor inmobiliario y menos esperanza de vida que los marcados en verde. La discriminación se inscribió en el suelo y el suelo la sigue transmitiendo.
La Ley de Vivienda Justa de 1968 prohibió la discriminación, pero el redlining tiene herederos: la valoración a la baja de las casas en barrios negros, el marketing selectivo de las hipotecas basura antes de 2008 y la localización de las inversiones públicas. Y no es un fenómeno solo estadounidense: la investigación europea ha documentado discriminación en el acceso al alquiler por nombre y acento en España, Francia o Suecia, y la concentración de la vivienda social en polígonos periféricos ha producido en muchas ciudades europeas una segregación que no necesitó mapas de colores.
Justicia ambiental: quién respira el aire malo
La justicia ambiental nació en 1982 en el condado de Warren, Carolina del Norte, cuando una comunidad negra se opuso a un vertedero de residuos tóxicos, y se consolidó con el informe Toxic Wastes and Race de 1987 y con Dumping in Dixie (1990) de Robert Bullard, que mostró que las instalaciones contaminantes se localizaban de forma sistemática en barrios negros y pobres. Desde entonces se ha medido en todo el mundo: los barrios con menos renta tienen más tráfico, más industria, menos árboles, menos parques y más ruido, y sus habitantes viven menos.
El cambio climático multiplica esa injusticia. El calor extremo mata más en los barrios sin árboles ni sombra, que son los pobres; las inundaciones golpean primero a quien vive en las zonas baratas porque son inundables, como mostró el huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005; y las medidas contra el cambio climático pueden ser injustas si encarecen la energía o el transporte a quien no tiene alternativa. Julian Agyeman llamó a la respuesta sostenibilidad justa: no hay sostenibilidad sin equidad, ni al revés.
La otra cara es la gentrificación verde: cuando un barrio pobre recibe por fin un parque, un carril bici o una autopista enterrada, los precios suben y los vecinos que sufrieron la contaminación no disfrutan la mejora. Isabelle Anguelovski y su equipo en Barcelona lo han documentado en decenas de ciudades. La solución que proponen es hacer la mejora ambiental junto con protección de la vivienda: regulación del alquiler, vivienda pública y participación de los vecinos en lo que se construye.
Medellín y el urbanismo social: llevar lo mejor a donde falta todo
Medellín era en 1991 la ciudad más violenta del mundo, con más de trescientos homicidios por cada cien mil habitantes, y sus laderas, ocupadas por asentamientos informales, no tenían Estado. El urbanismo social que aplicó el alcalde Sergio Fajardo entre 2004 y 2007, y que continuaron sus sucesores, partió de una idea de justicia espacial: llevar la mejor arquitectura y los mejores servicios públicos a los barrios más pobres, porque la deuda social se paga con lo mejor y no con lo sobrante.
Sus instrumentos fueron el Metrocable, inaugurado en 2004 para conectar la Comuna 1 con el metro, los parques biblioteca en las laderas, los colegios de calidad, las escaleras mecánicas de la Comuna 13 en 2011 y los proyectos urbanos integrales que combinaban transporte, espacio público, equipamientos y regularización de la vivienda en una misma zona. Los homicidios cayeron más de un 90 % en dos décadas, aunque la investigación atribuye buena parte de esa caída a otros factores, desde las desmovilizaciones hasta la economía, y los barrios ganaron algo que ningún indicador mide: la presencia visible del Estado.
Otras ciudades han tomado ese camino con sus propios instrumentos: Bogotá con las bibliotecas y el TransMilenio de Peñalosa, Río con el programa Favela-Bairro desde 1994, Chile con el programa Quiero Mi Barrio desde 2006 y con la vivienda incremental de Elemental en Iquique, que entregó media casa buena para que cada familia completara la otra mitad. La lección común es que la justicia espacial no se hace solo con vivienda sino con transporte, espacio público y servicios llegando a la vez al lugar donde faltaban.
Qué políticas reducen la desigualdad urbana
La evidencia señala cinco tipos de políticas. La primera es la vivienda asequible repartida por toda la ciudad y no concentrada en polígonos: la ley francesa SRU de 2000 obliga a cada municipio a tener al menos un 25 % de vivienda social, con multas para quien no cumple, y la zonificación inclusiva de Nueva York o Barcelona exige un porcentaje de vivienda protegida en cada promoción nueva. La segunda es el transporte público que llega a las periferias, porque el acceso al empleo depende de él, como demostró el caso del Sindicato de Pasajeros de Autobús de Los Ángeles.
La tercera es la inversión pública prioritaria en los barrios que menos tienen, con el criterio de Medellín, y con un indicador que la mida: Barcelona lo hace con el Plan de Barrios desde 2016 y Londres con el índice de privación múltiple. La cuarta es la lucha contra la discriminación en el acceso a la vivienda, con inspecciones de prueba, testing, que envían candidatos iguales con nombres distintos y sancionan a quien discrimina. La quinta es la escuela: donde el mapa escolar reproduce la segregación residencial, como en muchas ciudades españolas, la desigualdad se transmite a la generación siguiente.
Lo que la evidencia descarta es la idea de que el mercado corrija solo la desigualdad urbana o de que baste con demoler la vivienda pública y dispersar a sus habitantes, como hizo el programa HOPE VI en Estados Unidos: los vecinos dispersados rara vez llegaron a barrios mejores. Y descarta también la idea inversa de que mejorar un barrio sin proteger a sus vecinos sea justicia espacial: sin políticas de vivienda, cada mejora es una expulsión diferida.
Cómo leer la desigualdad de tu propia ciudad
La desigualdad urbana se puede ver con datos que casi todas las ciudades publican. El primero es la renta por sección censal o por barrio, que en España publica el INE con el Atlas de distribución de renta de los hogares y que muestra diferencias de tres a uno entre barrios de una misma ciudad. El segundo es la esperanza de vida por distrito, que Madrid, Barcelona o Londres publican, y que en Chicago llega a diferir casi treinta años entre Streeterville y Englewood, a pocos kilómetros.
El tercero es el mapa de lo que hay: árboles, parques, escuelas, centros de salud, paradas de transporte, superpuesto al mapa de la renta. El cuarto es el mapa de lo que se sufre: tráfico, ruido, contaminación, calor, inundabilidad. Cuando los cuatro mapas se superponen, la injusticia espacial aparece como un patrón que ninguna decisión individual explica: los mismos barrios tienen menos de lo bueno y más de lo malo, y los mismos barrios tienen menos voz cuando se decide.
Ese es el punto de partida de cualquier política de justicia espacial, y también el de este canal: mirar la ciudad como un reparto y preguntarse quién decidió el reparto, quién gana y quién paga. La justicia espacial no es un ideal abstracto sino una pregunta concreta que se puede hacer en cada calle.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la justicia espacial?
- La idea, formulada por David Harvey en 1973 y nombrada por Edward Soja en 2010, de que la ciudad no es un escenario neutro sino un mecanismo que produce desigualdad: la localización de escuelas, parques, transporte, industrias y riesgos reparte ventajas y cargas, y esa distribución se puede mapear, medir y cambiar.
- ¿Cómo se mide la segregación?
- Con el índice de disimilitud, que indica qué porcentaje de un grupo tendría que mudarse para distribuirse igual que el resto; por encima de 60 se considera muy alta. Massey y Denton mostraron en American Apartheid que la segregación racial estadounidense es resultado de políticas, no de preferencias.
- ¿Qué fue el redlining?
- La práctica de los años treinta en Estados Unidos de marcar en rojo los barrios de negros e inmigrantes donde los bancos no concedían hipotecas. Esos barrios tienen hoy menos árboles, más calor, menos valor inmobiliario y menos esperanza de vida: la discriminación se inscribió en el suelo.
- ¿Qué es el urbanismo social de Medellín?
- La política aplicada desde 2004 de llevar la mejor arquitectura y los mejores servicios, Metrocable, parques biblioteca, colegios, escaleras mecánicas, a los barrios más pobres de las laderas, combinando transporte, espacio público, equipamientos y vivienda en proyectos integrales.
- ¿Qué políticas reducen la desigualdad urbana?
- Vivienda asequible repartida por toda la ciudad, transporte público que llegue a las periferias, inversión prioritaria en los barrios que menos tienen, lucha contra la discriminación en el alquiler y escuelas que no reproduzcan la segregación residencial. Mejorar un barrio sin proteger a sus vecinos no es justicia espacial sino expulsión diferida.
